Las personas que reciban amenazas, intentos de extorsión o mensajes intimidatorios mediante WhatsApp pueden utilizar los audios, fotografías, videos y conversaciones como elementos para presentar una denuncia ante el Ministerio Público, ya que este tipo de archivos digitales pueden incorporarse a una carpeta de investigación y, posteriormente, ser utilizados como pruebas durante un proceso penal.
El abogado penalista Gerardo Antonio Pérez Pérez explicó que el Código Nacional de Procedimientos Penales contempla el principio de libertad probatoria, que permite utilizar distintos medios de información para demostrar la posible comisión de un delito, incluidos los contenidos almacenados en teléfonos celulares, computadoras y plataformas de mensajería.
“Todo instrumento, todo vestigio, todo dato, toda fotografía, toda plataforma, toda información que esté soportada en audio, video o en alguna plataforma puede ser utilizada para demostrar la comisión de un delito”, señaló el especialista.
Peritajes permiten verificar la autenticidad de los archivos
Sin embargo, aclaró que presentar una captura de pantalla o reproducir una grabación no garantiza, por sí solo, que el material sea admitido o tenga suficiente valor para acreditar los hechos denunciados. Para ello, pueden requerirse procedimientos técnicos que permitan identificar su origen, verificar su integridad y descartar alteraciones.
El abogado indicó que los especialistas en informática forense pueden analizar los dispositivos, los archivos y sus metadatos para establecer si los mensajes o grabaciones corresponden a una fuente identificable.
Estas diligencias también permiten documentar cómo se obtuvo la información y preservar su autenticidad durante la investigación.
Ante el uso de herramientas de inteligencia artificial capaces de imitar voces o modificar imágenes, Pérez Pérez destacó la importancia de recurrir a peritajes especializados cuando existan dudas sobre la autenticidad de un audio o video.
Explicó que estos análisis pueden ayudar a detectar indicios de manipulación, aunque sus resultados dependen de las características y la calidad del material disponible.
Mensajes y grabaciones pueden aportar información a las denuncias
Respecto a las amenazas de muerte enviadas mediante aplicaciones de mensajería, señaló que las víctimas pueden presentar los mensajes recibidos como parte de su denuncia. Añadió que, según las circunstancias del caso, una evaluación psicológica forense puede contribuir a documentar las afectaciones emocionales provocadas por las intimidaciones.
El especialista consideró que las amenazas enviadas desde números desconocidos pueden generar mayor incertidumbre entre las víctimas, debido a que desconocen la identidad de quien las emite y su capacidad real para cumplirlas. No obstante, la configuración del delito debe determinarse conforme a los hechos y a la legislación aplicable.
En cuanto a las llamadas de extorsión, explicó que una grabación realizada por la persona afectada puede aportar información útil para iniciar las investigaciones, particularmente cuando contiene exigencias de dinero, intimidaciones o amenazas contra la integridad de la víctima o sus familiares.
También señaló que las autoridades pueden apoyarse en técnicas de análisis telefónico e informática forense para intentar identificar el origen de las comunicaciones, aunque precisó que determinadas diligencias de acceso a información privada requieren autorización judicial, dependiendo de su naturaleza.
Pérez Pérez subrayó que los ciudadanos no necesitan contar previamente con un dictamen pericial para acudir a denunciar.
La víctima puede entregar o poner a disposición de las autoridades los mensajes y grabaciones que conserva, mientras que el Ministerio Público deberá determinar las diligencias necesarias para verificar su autenticidad y esclarecer los hechos.