Un total de 22 personas han sido arrestadas en Coahuila durante el presente mes por incumplir medidas de protección dictadas a favor de mujeres víctimas de violencia, informó la fiscal especializada en delitos contra las mujeres, Katy Salinas.
Las detenciones derivan del nuevo esquema de seguimiento telefónico implementado por la Fiscalía, a través de un call center donde personal capacitado contacta directamente a las víctimas para conocer su situación después de la denuncia y verificar si han ocurrido nuevas agresiones o actos de intimidación.
De acuerdo con la fiscal, cuando durante estas llamadas se detecta que un agresor ha violado una medida de restricción —como acercarse, intimidar o molestar a la víctima—, las operadoras levantan un reporte con elementos jurídicos que se envía de inmediato al Ministerio Público. Con esa información, se puede emitir una orden de arresto de manera directa, conforme a lo establecido en el Código Nacional de Procedimientos Penales.
Salinas explicó que el incumplimiento de una medida de protección tiene consecuencias legales inmediatas, y subrayó que estas acciones buscan no solo sancionar, sino prevenir nuevas agresiones, especialmente en contextos de alto riesgo.
La fiscal alertó que uno de los momentos más peligrosos para las mujeres es la llamada “fase de reconciliación” o “luna de miel”, que suele presentarse después de un episodio de violencia, cuando el agresor promete cambiar. Señaló que, si no existe una decisión real de modificar la conducta, la violencia puede repetirse e incluso escalar.
También reconoció que en regiones con alta movilidad poblacional, como Ramos Arizpe, persisten patrones culturales de machismo, donde algunos agresores minimizan conductas violentas o no las identifican como delito, lo que refuerza la importancia de la información, la denuncia y el seguimiento institucional.
Finalmente, la fiscal reiteró que ninguna mujer en Coahuila está obligada a vivir violencia, que la responsabilidad nunca es de la víctima y que existen opciones reales para romper el ciclo de agresión, mediante el acompañamiento de la Fiscalía de las Mujeres, los Centros de Justicia y otras instancias de atención.