Coahuila fue sede del Congreso “Género y Fiscalías Anticorrupción”, un encuentro nacional en el que participaron representantes de distintas entidades para analizar el impacto de la corrupción en las mujeres y plantear mecanismos para su combate desde una perspectiva de género.
El evento fue inaugurado por el gobernador Manolo Jiménez Salinas, quien destacó que el objetivo es fortalecer la coordinación institucional y generar propuestas que permitan atender las desigualdades que enfrentan las mujeres en contextos de corrupción.
Durante el encuentro, la titular de la Fiscalía Anticorrupción de la Federación, María de la Luz Mijangos Borja, señaló que la corrupción tiene efectos directos en la vida cotidiana de las mujeres, al acentuar condiciones de desigualdad y limitar su acceso a derechos y oportunidades.
En ese sentido, la fiscal anticorrupción de Coahuila, Karla Samperio Flores, advirtió que este fenómeno impacta de manera diferenciada a las mujeres, quienes enfrentan mayores riesgos y desventajas, incluyendo prácticas como la extorsión o el cohecho sexual, por lo que subrayó la necesidad de avanzar hacia una igualdad sustantiva.
El fiscal general del Estado, Federico Fernández Montañez, expuso que en la entidad se ha buscado integrar la perspectiva de género en la procuración de justicia, con el propósito de fortalecer la confianza ciudadana y mejorar la atención a las víctimas.
En su intervención, el gobernador también aseguró que Coahuila mantiene indicadores favorables en materia de seguridad y desarrollo, al tiempo que reiteró que el combate a la corrupción en la entidad se basa en mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, así como en la coordinación entre autoridades y sociedad.
El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, coincidió en que el fortalecimiento institucional y la participación de las mujeres en espacios de decisión son factores clave para prevenir actos de corrupción y consolidar gobiernos más transparentes.
El congreso es considerado el primero en su tipo a nivel nacional y busca sentar bases para la construcción de políticas públicas que incorporen la perspectiva de género en las estrategias anticorrupción.
