A partir del 1 de enero, el transporte público de Ramos Arizpe aplicará un ajuste en sus tarifas, al pasar la tarifa preferencial de estudiantes de 7 a 8 pesos, y la tarifa general de 12 a 14 pesos, como parte de un esquema que, por primera vez, condiciona el incremento al cumplimiento de una serie de compromisos obligatorios por parte de los concesionarios, bajo supervisión ciudadana y con sanciones que incluyen la cancelación de concesiones.
El alcalde Tomás Gutiérrez Merino informó que el ajuste tarifario se formalizó mediante la firma de un convenio ante notario público, en el que participaron autoridades municipales y concesionarios, y que además dio origen a la creación de un Consejo Ciudadano del Transporte, encargado de vigilar el cumplimiento de los acuerdos y de servir como mecanismo permanente de supervisión.
De acuerdo con lo expuesto por el edil, los concesionarios asumieron compromisos específicos, entre ellos la renovación gradual de las unidades, eliminando aquellas con más de 12 años de antigüedad, así como la instalación obligatoria de cámaras de videovigilancia, GPS y validadores de credenciales en todas las unidades, con el objetivo de garantizar el cobro correcto de tarifas y evitar abusos contra estudiantes y personas con discapacidad.
Además, las unidades deberán someterse a revisiones físico-mecánicas aleatorias, salir diariamente limpias y en condiciones óptimas, y cumplir con todos los requisitos legales, como seguro vigente, placas, verificación ecológica, control vehicular, refrendo municipal y documentación completa del operador.
A ello se suma la aplicación de exámenes médicos y antidoping sorpresivos a los choferes, así como capacitaciones obligatorias en trato digno al usuario.
Como parte de los nuevos mecanismos de control, el Ayuntamiento implementará códigos QR dentro de las unidades, mediante los cuales los usuarios podrán presentar quejas inmediatas por conductas indebidas, como maltrato, uso del celular al conducir o música excesivamente alta.
Estas quejas llegarán directamente a la Dirección de Movilidad y Transporte, que tendrá facultades para sancionar.
Por su parte, el municipio se comprometió a la instalación de paradas oficiales y señalización en las rutas, la creación de un nuevo reglamento municipal de transporte, la operación formal del Consejo Consultivo del Transporte, y la realización de inspecciones periódicas no mayores a un mes.
Gutiérrez Merino advirtió que las concesiones estarán en riesgo si los compromisos no se cumplen, y que, tras un periodo de advertencias, podrán ser canceladas.
El alcalde justificó el ajuste tarifario al señalar que las tarifas no se actualizaban desde hace casi tres años, pese al incremento sostenido en combustibles, rentas, insumos y costos operativos, y subrayó que, aun con el ajuste, Ramos Arizpe mantiene tarifas más bajas que municipios como Saltillo o Arteaga.
Actualmente, el municipio cuenta con 107 concesiones, de las cuales 99 aceptaron integrarse al nuevo esquema, mientras que el resto decidió no modernizarse.
La administración municipal otorgó un plazo máximo de tres meses, pero dejó claro que a partir del 1 de enero, cualquier unidad que no cumpla con los requisitos será retirada del servicio.
Así quedó conformado el Consejo Ciudadano de Transporte y Movilidad
El Consejo Ciudadano de Transporte y Movilidad de Ramos Arizpe quedó formalmente integrado por autoridades municipales, estatales, concesionarios y representantes ciudadanos, encabezado por el alcalde Tomás Gutiérrez Merino, junto con el secretario del Ayuntamiento, Alejandro González Farías; el director de Transporte Municipal y presidente del Consejo, Juan Alberto García Leija; el regidor presidente de la Comisión de Servicios Concesionados, José Trinidad Pérez Navarro; y representantes estatales como Marco Antonio Cabello Gómez, de la Subsecretaría de Transporte y Movilidad, y Karina García Zamora, directora del Registro Público del Transporte.
También forman parte concesionarios como Ernesto Javier García Zertuche (Rutas del Poniente), Agustín Jaime Quiñones Coronado (Ruta Blanca Estela) y Salvador González (Ruta Express), además de representantes sociales y ciudadanos como Eduardo Guadalupe Uribe (CROC), Eduardo Mendoza Cisneros (taxistas), Andrea González Vigil (estudiante), Elisa Sánchez Tavitas (ama de casa), comerciantes como María de los Ángeles Rosales del Bosque, Erika María Antonieta Camarillo Calzada y José Alberto Nájera, así como vecinos y colonos, entre ellos Francisco Salvador Flores Durón, junto con regidores integrantes de la Comisión de Servicios Concesionados: Antonio Trejo Rodríguez, Teresa Agustín Medina López, Juan Miguel Ozuna García y Lizbeth Ogazón Nava.