AFP - El ministro de Relaciones Exteriores de Uruguay, Luis Almagro, saludó el acuerdo y explicó que contempla "la creación en un plazo de 30 días de un comité científico que trabajará sobre el monitoreo ambiental, junto a la Comisión Administradora del río Uruguay (CARU)".

Almagro y su colega argentino Héctor Timerman hicieron el anuncio en la residencia presidencial de Olivos (periferia norte de Buenos Aires), al término de una reunión en la que limaron las últimas asperezas los presidentes de Argentina Cristina Kirchner y de Uruguay José Mujica.

El canciller uruguayo manifestó su "profunda satisfacción por retomar un programa de monitoreo" y "su alegría por haber llegado a este momento a través del trabajo fecundo de ambos gobiernos".

"Se cierra un capítulo de nuestra historia y comienza la etapa de la cooperación", aseguró por su lado Timerman, encargado de leer ante los periodistas los seis puntos del convenio alcanzado.

El monitoreo estará en manos de un comité que se conformará en 30 días en el seno de la CARU y estará integrado por dos científicos argentinos y dos uruguayos elegidos por cada país.

El control incluirá "el río Uruguay y todos los establecimientos industriales, agrícolas y centros urbanos que vuelcan sus efluentes al río Uruguay y sus áreas de influencia", según el acuerdo.

La autoridad de aplicación del convenio tomará muestras por duplicado con la utilización de sensores y demás instrumentos tecnológicos, y el número máximo de ingresos a cada establecimiento será de hasta 12 veces por año, agrega.

La información que se obtenga será pública y el monitoreo comenzará con la planta de UPM (ex Botnia) y la desembocadura del río Gualeguaychú en el Uruguay y seguirá en Argentina con un establecimiento o lugar a elección de la parte uruguaya.

El gobierno argentino confía en que el acuerdo desactive de manera definitiva las protestas de los ambientalistas de Gualeguaychú (230 km al este de Buenos Aires), localidad ubicada en la vera opuesta a la de la fábrica de pasta de celulosa.

Los pobladores resistieron la instalación de la planta y mantuvieron cortado durante más de tres años y medio uno de los tres puentes internacionales que unen ambos países.

El conflicto tensó las tradicionalmente buenas relaciones entre Argentina y Uruguay y, por iniciativa del gobierno argentino, llegó hasta los estrados de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, que es la jurisdicción prevista en el Tratado Binacional de Administración Compartida del Río Uruguay.

En abril pasado, el tribunal estimó que Argentina no había aportado "pruebas concluyentes" de que la planta UPM esté contaminando y exigió que ambos países realicen un monitoreo ambiental conjunto del río.

El fallo de La Haya no satisfizo a los ambientalistas, quienes finalmente acordaron suspender el bloqueo del puente internacional para permitir las negociaciones para un monitoreo de la planta y el río.