AFP - "Aunque sabemos que la culpa es de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), el Gobierno tiene la obligación constitucional de buscar todos los medios a su alcance para devolverlos a la libertad", aseguró Samper, que impulsa el intercambio.

"Se nos agota el tiempo para salvar a los secuestrados", enfatizó el ex mandatario colombiano. Mientras, la senadora opositora a Uribe, Piedad Córdoba, instó a sus colegas del legislativo a "conformar un grupo de parlamentarios que se reúna con el gobierno para destrabar las liberaciones".

Córdoba fungió, junto con el presidente venezolano Hugo Chávez, como mediadora de un canje de rehenes por rebeldes presos pero esa tarea fue cesada abruptamente por Uribe quien acusó a Chávez de injerencia en asuntos internos de su país.

El representante en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU), Christian Salazar, acusó el martes a la guerrilla de las FARC de cometer un delito de lesa humanidad con el secuestro de un grupo de 24 militares y policías colombianos.

Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC, marxista), mantiene confinados en lo profundo de la selva a 24 uniformados, algunos de ellos desde hace 12 años, con el propósito de canjearlos por unos 500 de sus militantes presos, incluidos tres de ellos en Estados Unidos.

El lunes, el Ejército mostró a la prensa los videos de diez de esos uniformados, todos encadenados al cuello y demacrados.

Las FARC llegaron a tener cerca de 72 rehenes pero la lista se redujo dramáticamente en los últimos tres años, tras varias liberaciones y fugas además del rescate en julio de 2008 de 15 de los rehenes considerados más valiosos: la colombo-francesa Ingrid Betancourt y los estadounidenses Marc Gonsalves, Thomas Howes y Keith Stansell.